En 2015, la Cámara de Representantes de Estados Unidos introdujo la Ley de Establecimiento de Mínimos Obligatorios para el Reingreso Ilegal de 2015 (Ley de Kate). La ley se introdujo después de que Kathryn Steinle, residente de San Francisco de 32 años, fuera asesinada a tiros por Juan Francisco López-Sánchez el 1 de julio de 2015. López-Sánchez era un inmigrante ilegal de México que había sido deportado en cinco ocasiones distintas desde 1991 y había sido acusado de siete condenas por delitos graves. Desde 1991…
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¿Cómo cree que deberían diferir las consecuencias de las acciones criminales entre ciudadanos y no ciudadanos, en todo caso?
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¿Cómo se sentiría si alguien se viera obligado a abandonar el país después de haberlo considerado su hogar durante muchos años porque cometió un delito?
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¿Cuál es su opinión sobre el equilibrio entre la aplicación de la ley y la protección de los miembros de la comunidad, independientemente de su estatus migratorio?
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¿Cómo podría el miedo a la deportación afectar la disposición de un individuo a participar en servicios comunitarios, como denunciar delitos o buscar ayuda médica?
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Si alguien ha contribuido positivamente a una comunidad durante años, ¿debería un solo delito grave borrar todas sus buenas obras?
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¿De qué manera una política de deportar inmigrantes por delitos graves puede afectar la sensación de seguridad y confianza dentro de las comunidades de inmigrantes?
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¿Cuáles deberían ser las prioridades para las autoridades locales: defender las leyes federales de inmigración o centrarse en la seguridad y la vigilancia comunitaria?
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¿Puede coexistir el concepto de ciudad santuario con la necesidad de hacer cumplir la ley y proteger a los ciudadanos del crimen?
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¿Cree que la posibilidad de deportación por delitos graves actúa como un elemento disuasorio contra tales delitos o tiene el efecto contrario?
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¿Dónde deberíamos trazar el límite a la hora de decidir si un inmigrante que ha cometido un delito grave ha renunciado a su derecho a permanecer en su país de adopción?
